El Decreto de la Junta de Castilla y León 267/2001, establece nítidamente el sometimiento de las instalaciones de telecomunicaciones al régimen de licencia ambiental. Los ecologistas también alegan el incumplimiento de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, cuyo artículo 61.1 de la citada ley establece muy claramente la competencia de los ayuntamientos en las funciones de inspección y control de este tipo de instalaciones sometidas a licencia ambiental.

De ello se desprende claramente que la obtención de licencia ambiental tiene un carácter previo a la ejecución de las instalaciones, por lo que la tolerancia pública y notoria del inicio y la continuación -pese a haber sido denunciado públicamente el hecho- de la ejecución de instalaciones supone una clara dejación de funciones por parte de ese Ayuntamiento, lo que podría derivar en graves responsabilidades administrativas o judiciales para los cargos o funcionarios que fueran declarados responsables por el consentimiento, a sabiendas, de la comisión continuada de una infracción grave.

Según Ecologistas en Acción, este tipo de tolerancia consciente denota un «claro desprecio por el mismo procedimiento de licencia ambiental», dando a entender que la decisión final está previamente tomada; lo que supondría dejar sin efecto y no tomar en consideración, a priori, cuantas garantías ambientales establece la normativa en este tipo de autorizaciones.