Las denuncias que a lo largo del último mes viene realizando el sindicato UGT sobre la posible supresión de los servicios ferroviarios Salamanca-Hendaya/Bilbao parecen confirmarse tras anunciar RENFE que se encuentra en estudio el futuro de la línea. Como suele ser habitual en estos casos, los motivos aducidos son las fuertes pérdidas y la baja demanda del servicio.
El tren que recorre el trayecto entre Salamanca y Hendaya es uno de los pocos servicios transversales que quedan en nuestro país, de esos que verdaderamente puede considerarse que contribuyen a la vertebración territorial, y ayudan a reducir la polarización, al evitar el tránsito por Madrid. Sin embargo, parece claro que en la nueva estrategia de RENFE-Operadora, una empresa que aún siendo pública ya se gestiona como una entidad privada, este tipo de consideraciones no tienen cabida. Lo único relevante es la rentabilidad económica del servicio: si no aporta dinero debe ser suprimido, por encima de los costes sociales, ambientales y territoriales que ello suponga.
Es verdad que este tren lleva poca gente, y hasta es posible que se pierda dinero en su explotación. Pero hay una parte de la historia que nunca se cuenta, y es que cuando una empresa ferroviaria decide matar un servicio lo consigue. Cuando lo único que se ofrece son vagones que superan los 20 años deficientemente mantenidos -el servicio Diurno, la gama baja de RENFE para la larga distancia-, tiempos de desplazamiento incapaces de competir con la carretera -6 horas para llegar a Bilbao frente a las 4,5 horas del coche-, y una mala programación de los servicios -entre Medina del Campo y Hendaya se solapa con el Intercity Madrid-Hendaya, de tal manera que ambos circulan con una diferencia de apenas 15 minutos, compitiendo entre ellos por el mismo tráfico-, los resultados no podían ser otros.
En España se ha decidido acabar con el ferrocarril convencional, y en esa estrategia se trabaja cotidianamente. Mientras nos lanzamos a una vorágine constructora de AVEs, el resto del territorio por donde estos trenes no circularán, ve como los servicios existentes se degradan, los vagones se vacían y las cuentas de RENFE-Operadora se sitúan en números rojos. Entonces llegará el momento de anunciar el cierre irremisible de un servicio, en el cuál no estaba interesado el operador público, volcado desde hace tiempo en las más lucrativas líneas de alta velocidad.
La reciente liberalización del sector no ha hecho sino acentuar este tendencia, al encorsetar la actividad ferroviaria en criterios estrictamente mercantiles. Desde la Unión Europea se han sentado las bases para terminar con una época en la que el tren constituía un servicio público. Y en España la situación es si cabe más dramática que en el resto del continente, debido a nuestra raquítica red y el abandono sistemático que ha padecido la mayor parte de la misma.
Las sombras que se ciernen sobre el Salamanca-Hendaya/Bilbao no son sino un ejemplo meridiano de lo que va a ocurrir con el tren convencional en este país. En el mejor de los casos, allí donde haya una potente demanda para justificar el gasto, será sustituido por el tren de alta velocidad. En el peor de los casos, en rutas transversales como ésta, sencillamente será suprimido. Mientras la Junta de Castilla y León regala millones de euros a las compañías aéreas, el ferrocarril agoniza en la región administrativa con mayor superficie de la Unión Europea. En definitiva, un gran salto atrás en términos sociales y ambientales.
David Ramos Pérez es miembro de Los Verdes-Foro de Izquierdas.
