Al finalizar el año 2006 asistíamos a un hecho histórico: las Cortes Generales aprobaban por una amplia mayoría la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia).

Durante los años 80, bajo el mandato de gobiernos sociales, el país dió un salto social espectacular al sustituir la beneficencia, la caridad, por derechos sociales en Educación, Sanidad y en Pensiones. Hoy, de nuevo un Gobierno socialista da respuesta a una reivindicación histórica, a una aspiración legítima de cientos de miles de personas que se encuentran en situación de dependencia y de sus familias, ampliando los derechos sociales y afianzando el Estado del Bienestar.

La Ley de Dependencia configura un nuevo derecho para las personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, recibiendo unos servicios, más prestaciones, que les permitan afrontar con dignidad su situación de dependencia (asistencia a domicilio, centros de día y de noche, residencias, etc.), y la promoción de su autonomía personal para desarrollar plenamente su condición de ciudadanía en el seno de la sociedad.

Con esta iniciativa del Gobierno, se ha dado cumplimiento al compromiso básico que los socialistas adquirimos con la sociedad en el programa electoral, el debate de investidura del Presidente Rodríguez Zapatero, aprobando en menos de tres años uno de los proyectos sociales más ambiciosos, el cual conformará el cuarto pilar del Estado del Bienestar sobre la base de un reparto más justo del crecimiento económico.

Esta Ley, además de ser una prioridad del Gobierno socialista, ha recibido el apoyo parlamentario mayoritario y cuenta con el aval de la sociedad española (más del 76% de los españoles consideran esta Ley “bastante” o “muy positiva”).

Supone la nueva Ley de Dependencia una auténtica “revolución social” al garantizar más protección social, generando más equidad y cohesión social a las personas con discapacidad física, intelectual o mental.

Atender las necesidades de las personas en situación de dependencia se ha convertido en un problema social de primera magnitud, en un reto para las políticas públicas, que no pueden seguir inhibiéndose ante las dificultades y costes que la dependencia supone para cientos de miles de ciudadanos en dicha situación y para sus familias.

Teniendo en cuenta que las personas dependientes son aquellos que necesitan ayuda, apoyo y supervisión para realizar las actividades básicas de la vida diaria, se calcula que en España hay más de 1.125.000 personas dependientes, cantidad que seguirá aumentando en los próximos años. En Castilla y León viven 65.282 dependientes, de los que 9.163 residen en Salamanca, siendo la mayoría mayores de 65 años.

Actualmente, la atención a estas personas se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres (83% de los cuidados son realizados por mujeres).

Esta ley será, sin duda, un instrumento valioso para comenzar a poner en manos de toda la sociedad el peso que ahora, de manera injusta y discriminatoria, soportan casi exclusivamente las familias.

Las prestaciones que reconoce la ley abarcan el servicio a través de centros y programas públicos o concertados, el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, atención residencial, prestaciones económicas a personas cuidadoras, familiares o privados, siendo alta en la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales en determinados casos, y programas de información y formación para ciudadores.

La financiación de este sistema de protección social correrá a cargo de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, con las que se establecerán convenios. El Estado aportará más de 12.638 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios. Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos.

La creación de este sistema de protección social a la dependencia supondrá la creación de 300.000 empleos nuevos, de los que 2.748 corresponden a Salamanca. Con este nuevo sistema de protección social muchas familias de nuestro país empezarán a sentirse menos solas. Se ha dado un paso decisivo para constituir una sociedad más justa, integrada y solidaria para los que más lo necesitan, ganando en dignidad y haciendo una España mejor.

* José Castro Rabadán es Senador del PSOE por Salamanca