La nueva redacción de la Ley de la Memoria histórica que propone el Grupo Socialista declara injustas las condenas por pertenencia a partidos políticos, a organizaciones religiosas o militares, a minorías étnicas, a logias masónicas o, incluso, a grupos de resistencia contra el franquismo.

«Se declaran ilegítimas las condenas y sentencias dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo durante la dictadura», determina el texto. «Por lo tanto se declara la ilegitimidad de esos tribunales, de esos órganos represores, de sus resoluciones y tanto durante la guerra civil como durante la dictadura», ha recalcado el portavoz del grupo, López Garrido.

Reacciones

El PSOE cree que con el nuevo texto será posible un acuerdo con todos los partidos, incluido el PP al que piden que se sume a esta ley porque, según los socialistas, se cierra con ella definitivamente la herida que ha estado abierta desde la Guerra Civil.

Este acuerdo, significa el desbloqueo de la ley, aunque no completa las reclamaciones de Izquierda Unida. Esta formación considera sin embargo que el acuerdo es más que positivo porque, aun con flecos por concretar, asegura que ha rectificado una equidistancia injusta. Además, dicen, se reconoce de hecho la nulidad de los juicios franquistas.

Esquerra Republicana ha decidido no dar apoyo al texto porque no establece mecanismos específicos para anular las sentencias ni reconoce expresamente la condición de víctimas de los luchadores antifranquistas. Así se lo comunicó esta mañana el presidente del Grupo de ERC, Agustí Cerdà, a Diego López Garrido, portavoz del Grupo Socialista, según fuentes citadas por Servimedia.

El comité de notables, descartado

El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información.

Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).