Cada vez que una autoridad sanitaria institucional emite un comunicado oficial tranquilizando a la población es para echarse a temblar. Expresiones como “las partículas emitidas a la atmósfera no entrañan peligro para la población” o “los parámetros registrados se encuentran dentro de los niveles permitidos” suelen ir acompañados de vómitos, diarreas o ingresos hospitalarios por afecciones respiratorias. Lo que demuestra o bien que la información no es del todo cierta o bien que lo que es perjudicial para la salud es la normativa en vigor que permite niveles contaminantes tan nocivos.

La escueta nota que, con motivo del vertido radioactivo de las minas de Saelices el Chico en el Águeda, ha emitido la Confederación Hidrográfica del Duero, avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, es un ejemplo más que demuestra que las autoridades que deben de protegernos contra los riesgos sanitarios se dedican únicamente a tranquilizar a la población. Afirmar “que el suceso no ha tenido un impacto radiológico significativo para el público” no puede ser un mensaje más confuso y por tanto inquietante. En efecto, un informe que oculta los datos reales y objetivos de niveles de radioactividad de las aguas de río Águeda y se limita a valorarlos con juicios de valor carece de toda credibilidad pues hurta a la ciudadanía la información objetiva sobre los verdaderos parámetros registrados en las mediciones. No es lo mismo afirmar que un paciente no tiene fiebre significativa que informar que tiene 38º C de temperatura corporal. Si los niveles de radioactividad no son “significativos” ¿cuál el la razón para ocultarlos a la población?.

Para ser más creíble la nota, los responsables tanto de la Confederación Hidrográfica del Duero como del Consejo de Seguridad Nuclear deberían de comprometerse a consumir durante varias semanas exclusivamente con agua extraída aguas abajo del vertido, invitando incluso a amistades y familiares.

Este nuevo vertido no viene si no a poner en evidencia los graves riesgos que entraña, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente, la peligrosa industria nuclear cuyo ciclo productivo abarca una compleja y extensa cadena de procedimientos, desde la extracción del uranio hasta su almacenamiento en cementerios radiactivos y que plantea serios interrogantes que afectan no sólo a nuestra seguridad sino a la de decenas de generaciones futuras que van a tener que sufrir las amenazas de una energía que ellos no han consumido.

Desde Ecologistas en Acción de Salamanca exigimos tanto a la Confederación Hidrográfica del Duero como al Consejo de Seguridad Nuclear que informen detalladamente a la población con datos precisos y sin juicios de valor y que consideren a los ciudadanos como sujetos maduros capaces contrastar una información veraz en ejercicio del derecho a la información en materia ambiental como recogen el tratado de Aarhus suscrito por España.

Ángel Sánchez Corral

Ecologistas en Acción de Salamanca