Educación para la ciudadanía, y más allá
Aunque ahora pueda parecer insólito, crear una cultura de derechos humanos en las aulas fue un compromiso internacional adquirido con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa por parte por los dos últimos Gobiernos de España, que han sido de signo político diferente. El 16 de octubre de 2002, el Consejo de Europa, a través de la una Recomendación apoyada por el Gobierno del Presidente Aznar, pedía a los gobiernos de los Estados que “hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas”. El 10 de diciembre de 2004, el Gobierno español del Presidente Zapatero se sumó a la lista de patrocinadores de la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el que se proclamó el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que recomendaba la inclusión de contenidos sobre derechos humanos en los planes de estudio.
Que dos Gobiernos tan diferentes apoyaran estas iniciativas es lógico: lo único que pretende la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos es dar una oportunidad a los niños y las niñas para que adquieran las competencias básicas que les permitan ser de mayores ciudadanos responsables en una sociedad democrática, fundamentada en una cultura de Derechos Humanos. Y cuando decimos “derechos humanos”, nos estamos refiriendo a los únicos principios de la dignidad humana aceptados universalmente, y recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se desarrolla a su vez en decenas de tratados internacionales y europeos hasta formar parte de nuestra Constitución de 1978. Y es importante resaltar que la asignatura, tal y como ha sido acuñada en España, sigue en su conjunto las orientaciones del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas y las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la educación para una ciudadanía democrática.
En un informe recientemente publicado, Amnistía Internacional compara la situación de la Educación en Derechos Humanos en Europa y llega a la conclusión de que España registra un retraso respecto a sus vecinos. Desde hace años, la asignatura de Educación para la Ciudadanía existe como asignatura obligatoria en primaria en cinco países europeos (Bélgica, Estonia, Suecia, Rumania y Grecia), mientras que otros veinte países, entre los que se encuentran Francia, Italia, Austria, Reino Unido o Portugal, la incluyen en secundaria. En todos estos países este tipo de educación se imparte con absoluta normalidad.
Esto significa que lejos de haber llegado al final de camino, no hemos hecho sino empezar a recorrerlo. Aún queda mucho por hacer para consolidar una verdadera cultura de Derechos Humanos en las aulas que sea un éxito a largo plazo.
En primer lugar, es necesario aumentar progresivamente el número de horas lectivas obligatorias reservadas a la asignatura en Educación Secundaria. La carga lectiva que se ha reservado a esta materia en este nivel es insuficiente, en comparación con países europeos como Irlanda, Portugal, Suecia o Polonia, donde el número de horas mínimas en la enseñanza obligatoria es mayor que en España.
En segundo lugar, el Gobierno español debe formular y poner en marcha mecanismos más amplios para la promoción de los derechos humanos, como incluir la educación en derechos humanos en la formación de los docentes y de quienes se forman para serlo, o crear una Comisión Nacional de Seguimiento de derechos humanos, que ya existe en países como Alemania y Francia, que se ocupe de coordinar y verificar la correcta implantación de la asignatura.
Ante esta perspectiva, causa verdadero estupor oír las razones que esgrimen en su contra algunos detractores de la asignatura. Cuesta creer que hayan hecho un análisis en profundidad de lo que propone y que, no obstante, llamen a la “desobediencia civil”. Cuesta pensar que entienden lo que los Derechos Humanos realmente significan y el impacto que deben tener en nuestra vida y la de nuestros hijos.
