Como supongo, o al menos espero, la mayor parte de la gente es consciente y opina conmigo que el desarrollo de todo país debe resuelta e irrevocablemente venir antecedido por una educación universal, óptima y acertada de su ciudadanía.

Para ello han de tomarse medidas políticas de apoyo, obligatoriedad y regulación del sistema educativo, y resulta innegable que todo esto puede verse hoy en día. Las becas de ayuda al estudio, objetivo directo de este artículo, así lo demuestran. Pero, ¿hasta qué punto?

Incuestionablemente, la actual legislatura ha apostado decididamente por la intensificación cualitativa y cuantitativa de las becas de apoyo al estudio en todos sus niveles. Muy especialmente, a nivel universitario. La cobertura de esas becas ha aumentado considerablemente, y la cuantía ha rebasado los límites de su duplicación con respecto a 2004. Pero es mi opinión la de que aún existen parcelas desamparadas en este terreno, y un ejemplo de ello lo sufren los programas de Tercer Ciclo universitario.

Estimo que un país que quiera estar a la vanguardia del desarrollo científico, no sólo ha de formar debida y capacitadamente a la ciudadanía en la multiplicidad de disciplinas que viven en el organigrama universitario y laboral para el perfecto desarrollo de su futuro cometido, sino que también ha de apostar indudablemente por el respaldo a los proyectos científicos y de investigación que se pretenden llevar a cabo.

Los recientemente aprobados Presupuestos Generales para el 2008, expresan textualmente: “El Gobierno considera la inversión en I+D+i como un instrumento fundamental para mantener y aumentar el crecimiento, la productividad y el bienestar de nuestra sociedad. En este aspecto, la brecha en I+D+i que separa a nuestro país del resto de países de su entorno, hace que la convergencia con los ratios de la Unión Europea (UE) se haya convertido en un objetivo prioritario de la política científica y tecnológica en España”.

Pues bien. Yo aplaudo con gran ánimo la existencia de las provechosas becas FPU, FPI y compañía, pero también creo que la realidad es otra. La de un desamparo generalizado a este tipo de proyectos decididos que son tomados con voluntad, energía y determinación. Y no hablo de que el Estado o las Comunidades Autónomas debieran hacer llegar en mayor número este tipo de ayudas al colectivo de doctorandos -que al fin y al cabo llegan a quienes presentan mayor expediente, mejor proyecto y/o más renombrado director-, que también, sino que debieran crear un tipo de ayudas secundarias que no los desatiendan. No comparto que un estudiante que acabe su carrera y decida estudiar otra, tenga opción a la concesión de una beca de régimen general, y otro que decide investigar sobre la patología de una determinada enfermedad poco apreciable, por poner un ejemplo, no. Porque esa falta de protección, económicamente, priva y dificulta muchas veces al doctorando a proseguir con su empeño.