«O te cobramos o te perseguimos legalmente por hacer copias privadas». Ese es el mensaje que desde distintos sectores y el propio gobierno socialista se plantea a la ciudadanía. Si no hay canon (una especie de «impuesto» a los distintos soportes digitales, desde un CD y un MP3 hasta una memoria USB y un disco duro externo) será ilegal la realización de copias privadas. A este extremo y a su «procedencia de Europa» se agarran los que entre hoy y mañana pretenden aprobar esta tasa, unos 200 millones de euros, que irá a parar íntegramente a las arcas de las sociedades gestoras de derechos de autor. El gobierno y la mayoría de los grupos parlamentarios votarán a favor. El PP se ha bajado del carro a última hora, pero no ha aclarado qué modelo prefiere.

En Reino Unido e Irlanda no existe canon, pero la realización de copias privadas de las obras adquiridas está perseguida por ley. En España está permitida y las sociedades gestoras de derechos de autor solicitan una compensación. Y exigen que venga en forma de canon digital: una tasa que se añada al precio de los distintos soportes ( CD, USB, MP3, Discos duros externos, etc) y sea recaudada por las propias sociedades gestoras. En definitiva, el CD o soporte en el que guardaremos datos personales como fotografías o archivos también estará tasado, aunque no se «vulneren» derechos de autor. El Gobierno socialista no sólo ha tragado sino que, tras el cambio de postura de última hora del PP, se ha convertido en el máximo impulsor de esta medida.

Pero la normativa europea, si bien exige una compensación a los autores por el derecho del consumidor a la copia privada, no detalla en ningún momento cómo debe ser aplicada. Que haya que hacer pagar a todos, a justos por «pecadores», y tratar a todos los ciudadanos como presuntos delincuentes es un despropósito. Que un impuesto similar al IVA vaya a ser recaudado por una sociedad privada, para fines privados, ya es el colmo de los despropósitos. Este es la culminación de la deriva neoliberal: impuesto indirecto, que por definición es regresivo e injusto porque todos, independientemente de nuestros ingresos, pagaremos por igual, recaudado por una sociedad privada y sin garantías de que esos ingresos vayan a tener finalidad social alguna. 115 millones de euros.

Ahora el PSOE necesita el apoyo de algún grupo parlamentario minoritario para conseguir aprobar la tasa. Sus miradas se fijan, entre otros, en un grupo parlamentario que ha venido demostrando que está a favor de impuestos justos, directos y progresivos, que sirvan para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, una sanidad y una educación de calidad y de acceso libre para todos y todas. Un grupo parlamentario que defiende la presunción de inocencia como pilar básico de un estado de derecho. Un grupo y un movimiento político que han defendido de manera ejemplar a los trabajadores y a la gente más humilde. Una realidad de la cual me siento orgulloso de ser militante. Por eso yo haré llegar mi protesta por los cauces oficiales y animo a todos ustedes a unirse para pedir explicaciones y exigir una postura coherente a Gaspar Llamazares, portavoz del grupo parlamentario IU-ICV. Mañana se vota este atropello en el Congreso. Pidamos a estos diputados que mantengan una postura coherente. Si gustan, procedan:

http://llamazares.blogspot.es/contactar/ O si lo prefieren: Participa@gasparllamazares.net