Las erráticas políticas de empleo desarrolladas los últimos años en Salamanca no han hecho más que mantener una situación de debilidad y falta de iniciativa, condenando a la provincia a un lento pero inexorable proceso de envejecimiento y despoblación.

Los diferentes datos conocidos recientemente sobre el mercado laboral nos describen un perfil de enfermedad crónica en Salamanca, que muestra una grave incapacidad para detener su lenta y dolorosa pérdida de empleos. Salamanca ha perdido 5.600 puestos de trabajo en un año. Cifras que tienen rostro de gente joven que hace la maleta para encontrar lejos de nuestra provincia las oportunidades que aquí se le han denegado. Todo ello por no hablar de las mujeres, que son las que con mayor intensidad sufren este problema: sólo el 40% trabajan.

No sólo la EPA aporta datos tajantes. Si se estudia con detenimiento el Padrón Municipal entenderemos dónde se concentra este problema: la Población en la provincia registra 2.258 personas menos empadronadas que hace un año. El descenso es significativo, en más del 0,6%, pero este porcentaje de pérdida se multiplica por 6 en el caso de los jóvenes entre 15 y 25 años con 1.555 menos que en 2006. Aún hay más. Si Castilla y León es la comunidad autónoma más envejecida de España, con un porcentaje de personas con más 65 años del 22,6%, Salamanca supera este porcentaje hasta el 23.5% con 82.370 personas mayores. Hablar de desempleo y despoblación en Salamanca es hablar de dispersión poblacional y de la falta de infraestructuras y comunicaciones entre pequeños municipios.

No menos importante es la desconexión institucional entre organismos públicos, empresas y Universidad. La falta de previsión y la ausencia de una estrategia de desarrollo clara son males endémicos en las políticas que el PP –principalmente- y el PSOE han realizado en Salamanca. Y a todo ello ha de sumarse la proliferación de la economía sumergida en una provincia en el que el nivel de rentas es inversamente proporcional a la presión fiscal indirecta.

Aportar soluciones significa adoptar medidas correctoras que partan de un análisis serio de nuestra sociedad y sus necesidades, es decir, necesitamos medidas urgentes pero medidas que partan de la sensibilidad social, intentando incidir en los colectivos que más problemas tienen en nuestra provincia: la mujer (sobretodo en el ámbito rural), los jóvenes que abandonan Salamanca y los mayores.

Esto sólo es posible desde una política de empleo de izquierdas, desde un planteamiento que haga posible el desarrollo sostenible con la justicia social.

Nunca una política comprometida con una ordenación racional del territorio fue tan urgente. Urge un pacto social por el desarrollo con todas las administraciones, que incorpore a agentes sociales y una Universidad que no puede permanecer al margen.

Es momento de asumir de manera decidida la necesidad de luchar contra el mercado sumergido y el fraude y de plantear, al margen del mercadeo electoral, un marco fiscal progresivo amén de una política empresarial que priorice las industrias limpias y socialmente responsables, iniciando actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías y el desarrollo de actividades basadas en la I+D+i.O lo asumimos, o seguiremos en la encrucijada.