El Gobierno del presidente peruano, Alan García, decretó este martes estado de excepción en ocho provincias del país, en respuesta a una huelga nacional indefinida de campesinos y agricultores que exigen medidas eficientes que disminuyan los efectos nocivos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

La medida, que además incluye la movilización de las Fuerzas Armadas, fue anunciada la noche del lunes por el primer ministro, Jorge del Castillo, y abarca las provincias costeras Huaura, Huaral y Barranca, en la región de Lima (sureste); Huarmey, Casma y El Santa, en Ancash; y Virú, en La Libertad (noreste).

El estado de sitio se extenderá por una semana y, según Del Castillo, tiene como objetivo la seguridad de los pasajeros de unos mil autobuses, que de acuerdo a la versión del funcionario, hasta el lunes en la noche permanecían atascados en la carretera Panamericana Norte y Sur y otras de penetración a la sierra y selva del país suramericano, por los cortes de ruta de los manifestantes.

La decisión del Ejecutivo implica la suspensión de garantías constitucionales ciudadanas, con lo cual el Estado queda libre para realizar detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial, prohibir concentraciones e impedir el libre tránsito.

Del Castillo advirtió que se ordenó al Ejército asumir el control de las zonas declaradas en emergencia.

Alegó que, pese a su severidad, las medidas son «absolutamente necesarias en resguardo del orden interno del país».

El premier culpó a los dirigentes campesinos, que protagonizaron el paro nacional en reclamo de reivindicaciones agrarias, de los disturbios reportados el lunes, en los que la policía asesinó a un agricultor de un tiro en la cabeza, en la localidad de Pativilca, en el norte de Lima. La represión policial también ha dejado unos 150 heridos.

Además, exigió el cese voluntario de las barricadas en las vías públicas y amenazó a los huelguistas, que de no hacerlo, los militares y la policía actuarán decididamente en caso de ser necesario.

Las protestas campesinas demandan, entre otros reclamos, medidas oficiales para atenuar el impacto del ingreso de productos estadounidenses subsidiados, por efecto del TLC que Perú firmó el 14 de diciembre pasado con Estados Unidos.

Los protestantes explicaron el domingo que el paro es en respuesta a la incapacidad del gobierno de dar solución al «problema agrario que pasa desde la deuda de los campesinos hasta la compra de fertilizantes a menor precio».

Maestros marchan a Congreso

Al mismo tiempo, el Gobierno de Alan García está enfrentado a casi todas las gobernaciones y al gremio magisterial de su país, debido a la aprobación de un decreto que condiciona el ingreso de profesores de mayor calificación universitaria en el sistema de escuelas públicas.

Este lunes los maestros marchan hasta la sede del Congreso de la República por este caso.

Varios gobiernos han dictado ordenanzas que abren las contrataciones a todos los maestros, sin exclusiones, pese a amenazas oficiales de enjuiciar a los discrepantes.

El presidente Alan García anunció el domingo la flexiblización de la norma; sin embargo, los presidentes regionales (gobernadores) exigen la anulación del decreto, tema que tratarán el martes con el primer ministro, Jorge del Castillo.

Desde que asumió la presidencia, en julio de 2006, Alan García se ha enfrentado a huelgas de maestros, médicos, enfermeras, trabajadores de puertos, mineros, campesinos y agricultores, productores de coca, trabajadores de las morgues y obreros en general.