Proclama la Constitución en su artículo primero que la Soberanía Nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. De semejante principio político debería colegirse que una persona es igual a un voto y que todos los votos y por tanto todos los ciudadanos, valen lo mismo.

Ocurre por el contrario que en España, partidos como Nafarroa Bai, con 68.000 votos tienen la misma representación parlamentaria que los ochocientos mil de Izquierda Unida o los trescientos mil de UPyD, es decir un escaño. Mientras el PSOE con un 43`6% de los votos obtiene un 48`2% de los escaños, IU con el 3`8% de votos ve limitada su representación al 0`5% de los escaños. Todo ello por no hablar del Senado, donde un millón de votos de Izquierda Unida se han ido por el sumidero del sistema electoral dejando sin voz ni representación a la tercera fuerza política en votos.

No menos injusto resulta que en Soria cincuenta mil ciudadanos elijan dos Diputados y cuatro Senadores cuando en Madrid 3`5 millones a penas eligen a 35 diputados y cuatro exiguos senadores. ¡Calcule usted tamaña desproporción!

Urge una profunda reforma de la Ley Electoral que comience por aumentar el número de diputados (lógico si se tiene en cuenta que desde 1978 se eligen los mismos diputados habiéndose incrementado el censo en más de trece millones), que cuestione la utilidad de la provincia como circunscripción electoral, que otorgue proporcionalidad real al reparto de escaños y que saque a nuestro país de un bipartidismo sólo atemperado por las minorías nacionalistas y la testimonial presencia de IU y UPyD.

La lógica y la justicia electoral deberían de anteponerse a los intereses partidistas en la inaplazable reforma del sistema pero también a la tentación de reformar la Ley para forzar la aparición de una nueva bisagra salvapatria. Si “los chantajes nacionalistas” no benefician a nadie, tampoco sería saludable cocinar una Ley que permita la llegada de mirlos blancos que llegan a la política presentando como credencial su pretensión de condicionar el poder sin habernos contado antes sus ideas. Y mucho más pernicioso sería aún, aprovechar la demanda de justicia electoral para seguir incidiendo en que la oposición molesta, que el Gobierno (per se) necesita estabilidad o que debe gobernar la lista más votada.

Es todo mucho más sencillo. Se trata de trasladar a las Cortes Generales la pluralidad ideológica de este país. De institucionalizar un modelo en el que las minorías (y la oposición) controlen al Gobierno en un parlamento de alta intensidad. ¿Tanto cuesta entender que es inaceptable que 647.000 votos a IU vayan a la papelera? El sistema electoral debe superar los miedos que planeaban en la transición para mejorar la calidad democrática en base a la justicia electoral.

Publicado en «Reflexión Políetica» de El Adelanto