4 de abril

La vicepresidente primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que la voluntad del Gobierno es actuar «con toda rotundidad» una vez confirmado que existen indicios delictivos, aplicando la ley para «perseguir a los delincuentes» y para «garantizar a los ciudadanos de Marbella el ejercicio de sus derechos democráticos».

«En base a la solicitud de la Junta de Andalucía (...) el Gobierno, de acuerdo con la ley reguladora de bases del régimen local y la ley del Régimen Electoral General ha decidido iniciar los trámites efectivos oportunos para disolver la corporación municipal marbellí», dijo Fernández de la Vega durante la rueda de prensa posterior a la celebración del consejo extraordinario. En efecto, la decisión del Consejo se tomó tras la petición del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía -que se reunió esta mañana-, y para ello se basaron en los artículos 61 y 183 de las mencionadas leyes, que contemplan los aspectos formales necesarios para iniciar el procedimiento de disolución de una corporación «cuando su gestión resulta gravemente dañosa para intereses generales», explicó.

De la Vega destacó que esta es la primera ocasión en la historia democrática española en la que se procede a la disolución de una corporación municipal y elogió la celeridad del proceso.