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4 de julio de 2009 - Núm. 1235
 
Antonio Moreno exige a Rodríguez que no interponga recurso de alzada
IU asegura que tras la decisión de la Comisión Regional de Precios el Partido Popular debe asumir responsabilidades

IU celebra que la Comisión Regional de Precios haya negado la posibilidad de la subida de precios del autobús urbano de Salamanca prevista por el Ayuntamiento, pero lamenta que éste no atienda nunca a razones.

Aportación externa

3 de enero de 2009

El Ayuntamiento tenía prevista en las ordenanzas fiscales del 2009 una subida de los billetes y abonos de autobús urbano muy por encima del ipc, llegando en algunos casos hasta el 25 %. Ahora se ve obligado a reducir esa subida y adecuarla al IPC por una decisión de la Comisión Regional de Precios.

Desde IU Salamanca creemos que esto es una muy buena noticia para empezar el 2009, año en que las subidas de los servicios públicos lo hacen muy por encima del IPC. Pero lamentamos que sean sólo este tipo de resoluciones lo que haga cambiar la posición del grupo municipal del PP de Ayuntamiento. Porque, pese a las numerosas enmiendas y alegaciones incluidas las IU Salamanca, especialmente sobre este tema, siempre hizo prevalecer su mayoría sin atender a ninguna razón. Esta actitud autista y prepotente del PP es lo que hemos venido criticando repetidas desde IU, ni escucha ni atiende a los ciudadanos ni vela por sus intereses y lo hace desde una actitud chulesca y arrogante que le lleva a defender una posición contra todo lo defendible.

El problema es que esta no ha sido la primera vez ni nos tememos que será la última que el Ayuntamiento se ve obligado a rectificar y es posible que nos veamos envueltos en un nuevo proceso judicial, si llega a presentar recurso de alzada. Un nuevo proceso judicial a cargo del dinero de todos, sólo por empecinamiento del Alcalde o, en este caso, del Concejal delegado de Economía y Hacienda.

Por eso, desde IU pedimos al Sr. Rodríguez que acepte la decisión de la Comisión de Precios, renuncie a interponer “recurso de alzada”, es decir, que reconozca que se ha confundido, que escuche a los vecinos y a la oposición y que deje de causar gastos a los ciudadanos, o que se vaya.

 
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