El próximo 3 de abril se conmemora el 30º aniversario de la constitución de los Ayuntamientos democráticos en España. La institución municipal no sólo ha destacado en España por su cercanía, sino por haber asumido competencias que han dado pleno contenido al modelo de Estado Social que propugna el texto constitucional. Hasta que la ola privatizadora “neocon” arrampló los servicios públicos municipales, eran los consistorios quienes desarrollaban los programas sanitarios, educativos, deportivos, lúdicos, culturales, gestionaban la limpieza, el alumbrado, etc. El verdadero motor de cambio social en este país llegó siempre de la mano de la política municipal. Sin embargo, ésta tenía sobre sí una amenaza que afectaba a su soberanía, allá por abril de 1979: la capacidad financiera.

Hoy, los ayuntamientos gestionan el mismo porcentaje de recursos que hace treinta años (un 13% de los de todo el Estado) cuando la realidad, es que de su presupuesto, el 37% aproximadamente, se destina a cubrir servicios que no son de su competencia. Frente a ello, las comunidades autónomas han pasado de carecer de recursos propios, a gestionar más de un tercio, sin que ello haya ido acompañado de un trasvase de dinero y de poder a los Ayuntamientos.

¿Qué consecuencias ha tenido y tiene la insuficiencia financiera de los Ayuntamientos?

En primer lugar, el ladrillo, un urbanismo al servicio de la especulación, y una pérdida de patrimonio (suelo público) de consecuencias de futuro aún no calculadas.

Porque los Ayuntamientos, exentos de recursos y entregados al “cortoplacismo” han optado siempre por financiar sus grandes obras a través de planes urbanísticos –casi siempre irracionales y desmedidos-, permutas, convenios en los que muchas veces quien menos ganaba era la Administración y venta de suelo público.

El recurso del ladrillo no sólo parece agotado sino que ahora genera importantes problemas a quienes de él se han alimentado. ¿Cómo abastecer las necesidades básicas de quienes ahora viven en las urbanizaciones –a medio habitar- cuya licencia se otorgó para dotar de servicios a la población anterior? ¿En qué medida se pueden sostener servicios públicos indispensables –agua, alcantarillado, basuras, escuelas- en zonas de baja densidad o que por la crisis del ladrillo tiene muchos menos habitantes de los previstos? ¿Cómo intervenir contra la especulación si el principal instrumento de la administración, el suelo público, ha sido malvendido?

Y en segundo lugar, la corrupción. Porque el centralismo, lejos de ser la solución a la política caciquil o corrupta, ha ahogado a las administraciones, y allí donde un político es débil, y una administración está maltrecha, es corrompible.

Treinta años después de los primeros comicios democráticos, se agradecen las convocatorias bienintencionadas, y las fotos de familia. Pero no estaría de más que la efeméride viniera acompañada de tres compromisos en materia municipal: una nueva Ley de Financiación de los Entes Locales que garantice el 33% de los recursos; una tasación de las retribuciones de los políticos en base a parámetros como el número de habitantes o el presupuesto municipal, y una nueva “Ley de Ciudadanía” que sirva para culminar en el siglo XXI, la labor de los movimientos sociales urbanos de los 60 y 70, en forma de participación y control de lo público.

Publicado en El Adelanto el 30 de Marzo de 2009

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