Cayó el Bretón. O mejor dicho “nos lo tiraron encima”, con la misma brutalidad con la que golpea quien sabe que sus actos serán impunes.

 

Durante las próximas semanas, o meses, mientras el Bretón permanezca en el estado ruinoso en que lo dejaron las máquinas enviadas por Santher, habrá quienes culpen “a los ecologistas” (o sea, a Los Verdes), por estar paralizando obras, por estorbar, por estar en contra de todo, por recurrir de nuevo a los tribunales para lograr notoriedad, etc. Los más leídos, siguiendo a Robert K. Merton, tildarán de “ritualismo burocrático” la actitud del letrado de Los Verdes, por ampararse en resquicios del procedimiento administrativo (aunque en esta ocasión sería mejor hablar directamente del código penal, y con él en mano, de delincuentes) para desvirtuar los fines.

 

Pero esa lectura, amén de interesada nada aporta en lo que al fondo de la cuestión se refiere. Más bien al contrario, cabría plantear el siguiente interrogante: ¿cómo es posible que el problema sea cumplir la Ley –y el Reglamento- para quien tiene mayorías cualificadas para hacer la ley a su antojo, para modificarla y para influir en el nombramiento de quienes vigilarán por su cumplimiento? Y como una losa, cabría responder que, pese a que en ocasiones, lo único que queda del Estado de Derecho es su formalismo, éste se le atraganta insistentemente al Alcalde de Salamanca y a su Ayuntamiento.

 

Tratar de culpar a Los Verdes, e incluso cargar únicamente contra Santher –empresa condenada por atentar contra la ordenación del territorio- sería como aquel que en vez de mirar a la luna, concentraba su vista en el dedo que la señalaba.

 

En la muy culta y docta ciudad de Salamanca, los espacios culturales perecen en un estado ruinoso, de tal forma que uno no sabe si desea con todas sus fuerzas que edificios como el Bretón, mueran cuanto antes para dejar de asistir a su indigno final, cerrado y abandonado, al servicio de la especulación; o si por el contrario, prefiere que cualquier institución haga lo que sea para salvar “los muebles”, rehabilitando el inmueble a cualquier precio, para que una empresa se lucre, aunque solo sea por mantener vivos nuestros recuerdos.

 

Y, como suele ocurrir, todo es mucho más complejo. Para empezar, porque en clave política, gobernar debería significar intervenir. Y en el caso del Bretón, había dos soluciones ante su intencionado abandono: en un ámbito, declarar el espacio como Bien de Interés Cultural. En el otro, recurrir a la Ley de Expropiación Forzosa. Pero al PP (y a un timorato PSOE) le sale urticaria solo de pensar en la posibilidad de perjudicar un interés particular para favorecer el de toda una ciudad, a la que de nuevo se arrebata un espacio, que más bonito o más feo, con más o menos valor desde el punto de vista del patrimonio histórico, pertenecía a la fisonomía de la ciudad, a su identidad y su memoria.

 

Mientras la jueza dilucidaba sobre la necesidad de mantener la paralización cautelar del derribo del Bretón, en el Ayuntamiento, el Grupo Popular rezaba para que la decisión judicial no prolongara la vida de un teatro medio derruido. Tal vez porque los escombros del solar, sea más difíciles de disimular que los manifestantes a los que una policía política ya se encargó de identificar. Así son las cosas en esta capital cutrural.