Cada Estado, fruto de su historia y de su tradición, tiene una serie de estructuras políticas características. En nuestro país, y durante los últimos 30 años, ese puesto lo han ocupado las Comunidades Autónomas, un invento patrio fruto de la necesidad, a medio partido entre la estructura federal existente en otros países de Europa y el chiringuito de playa con cafetera express.

Como decíamos ayer, las Comunidades Autónomas son parte del Estado, emanan de este y reciben su autoridad y legitimidad de las leyes promulgadas por el Estado. Aunque esto parezca una perogrullada no lo es. Las Comunidades Autónomas han sido uno de los motores del desarrollo de España. Han servido para recortar desigualdades económicas y sociales, proteger e impulsar las culturas regionales, defender los idiomas propios como patrimonio común del Estado, además de servir de respuesta a las ansias de autogobierno de parte de la ciudadanía. No han sido pocos los aciertos del sistema y es necesario un reconocimiento.

Pero también es cierto que el sistema ha presentado problemas de cimentación y de desarrollo desde el comienzo. Desde aquellas dos vías de acceso al autogobierno hasta las últimas transferencias de autogobierno, pasando por un Senado, cámara de representación territorial, escasamente funcional. En la actualidad, y sobretodo en determinadas cuestiones, las Comunidades Autónomas parecen reinos de taifas dirigidos por reyezuelos locales envidiosos de las glorias y esplendores de los vecinos. No solo faltan teóricos del federalismo, como dice Suso del Toro de vez en cuando, faltan teóricos, prácticos, ganas y fuerzas.

Como me he propuesto reformar el país yo solito, sin remangarme ni despeinarme, he aquí, en primicia y en exclusiva mundial, el segundo capítulo de la Plan de Reforma Integral de las Estructuras Básicas del Estado (PRIEBE), proyecto no adscrito, de momento, al Plan E del Gobierno, ni al festival este de las corbatas rosas.

Llevemos, todos juntos de la mano, al Estado hacia el federalismo. Lo primero de todo, reformar el Senado con la intención de convertirlo en un lugar de debate y decisión entre las autonomías. Un representante por autonomía, decidido por el gobierno de cada comunidad, con plenos poderes de decisión. Todas las leyes que en la actualidad necesitan el refrendo del Senado, seguirán necesitándolo, pero será a la europea, mayoría cualificada que represente al 60% de las CCAA (9) y el 50% de la población. No solo nos ahorramos un porrón de sueldos y enviamos al paro a gente que de verdad se lo merece, sino que incluimos a las CCAA en el día a día del Estado. No solo deberán aplicar las leyes estatales, sino que deberán ser parte integrante de su desarrollo y aprobación. Además, el Senado sería el escenario para el debate de leyes autonómicas que afecten a otras comunidades y tendría capacidad de veto tanto para leyes autonómicas de su competencia como para leyes estatales que afecten a competencias transferidas.

Más cosas. Reconfiguración completa de las competencias. Si todos somos iguales, todas las comunidades tienen que ser iguales. Eliminación de todos los privilegios pre-constitucionales y negociación inmediata de las competencias transferidas y a transferir, para fijar las competencias exclusivas del Estado. Principalmente Defensa, Exteriores, Seguridad Social y Educación, y en especial esta última. Es evidente que el Estado aceptaría la colaboración de las CCAA en determinados ámbitos, como la defensa y promoción de las lenguas y culturas regionales, patrimonio común de todos los españoles, y cuya enseñanza debería garantizarse por ley en todo el Estado. Además, capacidad de control por parte del Gobierno de las competencias exclusivas de la CCAA, capacidad para intervenir en caso de necesidad (más allá del articulín 155 de la CE) y órganos conjuntos de obligatoria conformación entre Gobierno Central y CCAA para asegurar iguales prestaciones en toda España para los ciudadanos, no vale con reuniones para tomar café y desempolvar las banderas. También hay que reformar la financiación, sin atender a balanzas, básculas u otros aparatejos. No se debería permitir, ni impulsar ni amparar proyectos legales autonómicos que afectan a la capacidad inversora del Estado.

A nivel interno, circunscripciones únicas y listas abiertas, única forma rápida de asegurar a los ciudadanos cierto control sobre los representantes que envían los partidos a las Administraciones Públicas, aprovechando la implicación en política a la que obligamos a los ciudadanos con la reforma de las administraciones locales y obligando a todos los que conforman las listas de los partidos a partirse el lomo dándose a conocer para conseguir la equis de los ciudadanos junto a sus nombres.

La cooperación de los partidos políticos es básica para llevar a buen puerto las reformas, y aquí es donde me temo que la idea cojea. Los partidos han utilizado las CCAA para asegurarse reductos de poder, y no han dudado en utilizar los medios de las comunidades para ello. Una subvención por aquí, un reparto de fondos por allá, aseguran urnas agradecidas en casi todas las comunidades autónomas donde un partido se ha perpetuado en el poder, e incluso en aquellas en los que esto no sucede; los partidos políticos son buenos alumnos. La politización de los órganos administrativos es vergonzosa en la administración local, y vergonzante en la autonómica, y por aquí se resiente cualquier idea, cualquier propuesta y cualquier cambió.

Podemos cambiar el sistema, reformar la administración autonómica, avanzar hacia un federalismo simétrico que articule el Estado. No es demasiado complicado, no tenemos que inventar nada. La gran duda es si los partidos políticos están dispuestos.