Crece en nuestro país el número de personas electrohipersensibles. La Plataforma solicitará una cita con el Ministerio de Sanidad para revisar los límites legales máximos de emisión de ondas electromagnéticas para garantizar la salud de las personas, reclamando, asimismo, participar en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones para garantizar la presencia de entidades vecinales y ecologistas.

Representantes de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, integrada por casi un centenar de entidades vecinales y ecologistas de todo el Estado, se dieron cita el pasado día 22 de septiembre con responsables de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Información.

En línea con la labor que la Plataforma lleva meses realizando y dada la creciente alarma social que generan las perniciosas consecuencias de las emisiones electromagnéticas sobre la salud de las personas, sus portavoces instaron a los responsables del Ministerio de Industria a que modifique dos ordenamientos normativos: el RD 1066/2001, que establece las medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y la Ley General de Telecomunicaciones. “El Gobierno -subraya Yolanda Barbazán, una de las portavoces de la Plataforma- debe garantizar la salud de las personas aplicando en su legislación el principio de precaución y prevención y reduciendo al mínimo posible la emisión de ondas electromagnéticas necesarias para garantizar el acceso a las telecomunicaciones. Es lo que se conoce como principio ALATA”.

Los representantes de la Plataforma trasladaron, asimismo, a los responsables de Telecomunicaciones la necesidad de garantizar una mayor protección a quienes, a tenor de varias resoluciones del Parlamento Europeo, constituyen “grupos de riesgo”: niños, embarazadas, ancianos y enfermos crónicos, un sector de población que aumenta año a año con el creciente número de personas afectadas por la electrohipersensibilidad. A petición de las organizaciones ciudadanas representadas en la Plataforma, los responsables de la Secretaría han pedido documentación para estudiar la posibilidad de aplicar una moratoria en la implantación de los sistemas WiFi en los centros escolares, como han hecho en otros países y la instalación de sensores para controlar los índices de emisiones electromagnéticas.

“En conclusión -remata Barbazán-, los responsables de la Secretaría nos han asegurado que no descartan modificar la normativa referida a las emisiones electromagnéticas, pero nos han remitido al Ministerio de Sanidad, que es el que se encarga de fijar los límites máximos permitidos para garantizar la salud de las personas, así que solicitaremos una reunión al equipo de Trinidad Jiménez que, esperamos, sea más sensible que el de Bernat Soria, que nunca accedió a reunirse con la Plataforma”. La Plataforma solicitará, asimismo, formar parte del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, en el que sólo participan asociaciones de usuarios, sindicatos y asociaciones de operadores, olvidando, remata Barbazán “a los principales afectados: las vecinas y vecinos obligados a vivir cerca de instalaciones emisoras de contaminación electromagnética”.