Amnistía Internacional Salamanca ha informado de las críticas que su organización hace a la Ley de Extranjería: “Toda iniciativa de reforma legislativa debería ser plenamente coherente con los tratados internacionales de derechos humanos comprometidos por España. Sin embargo, este Proyecto de Ley sigue teniendo un enfoque más centrado en la seguridad nacional y el rendimiento económico que en la aproximación a los inmigrantes como personas que también son titulares de derechos humanos y a las que el Estado debe garantizar su protección”, afirma Esteban Beltrán, director de la organización en España.

La organización recuerda en un informe publicado hoy y titulado: “España: Análisis y Recomendaciones al proyecto de ley orgánica de reforma de la legislación de extranjería” que "es perfectamente legítimo que el Estado español articule una política de control migratorio pero, por el contrario, no lo es que ésta vulnere muchos de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ya adoptados«. Así, afirman que»no tener papeles es una irregularidad de carácter administrativo que, en ningún caso, debe anteponerse a las vulneraciones de derechos humanos que puedan sufrir las personas migrantes".

Amnistía Internacional ha dirigido este informe a todos los grupos parlamentarios en el Congreso, así como al Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, solicitando una reunión en la que poder discutir las preocupaciones y recomendaciones de la organización ante esta nueva Ley.

Además, la organización recuerda al Gobierno su Plan de Derechos Humanos, aprobado en diciembre de 2008, que debe plasmarse de forma efectiva en todas sus políticas, incluidas la migratoria y de asilo. «La organización lamenta que esta reforma, por el momento, no muestre un giro significativo en el recorte en derechos humanos de las políticas de inmigración impulsadas por la Unión Europea en los últimos años; máxime cuando España deberá afrontar durante su próxima presidencia de la UE el desarrollo del programa de Estocolmo, que es una oportunidad de modificar la relación hasta ahora existente entre las políticas de seguridad e inmigración y asilo en el ámbito europeo», aegura Esteban Beltrán.

Si bien Amnistía Internacional da la bienvenida a algunas de las disposiciones del Proyecto (el reconocimiento, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga para los inmigrantes en situación administrativa irregular; la incorporación de algunas garantías para las personas víctimas de trata de seres humanos como el “periodo de reflexión”; y el reconocimiento explícito del derecho del menor no acompañado a ser oído en el procedimiento de repatriación), la organización lamenta que esta nueva reforma no elimine obstáculos hasta ahora existentes y/o añada otros, para garantizar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes en situación administrativa irregular en España.

Entre los obstáculos, la organización destaca: un paso atrás en materia de detención de inmigrantes irregulares; continúan las garantías insuficientes para los menores no acompañados; la protección de los derechos humanos sigue en segunda línea ante los casos de violencia de género contra las mujeres inmigrante y trata; los obstáculos en el acceso al derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda.

Por último, Amnistía Internacional señala que "la adopción de un enfoque de derechos humanos en iniciativas legislativas como ésta mejoraría la comprensión de las causas fundamentales de la inmigración: sus vínculos con la pobreza y la inseguridad, la falta de desarrollo económico y las crecientes desigualdades entre unos países y otros y dentro de los propios países".