JSCyL pide que la futura Ley de Libertad Religiosa incluya una regulación específica que evite la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas.

Juventudes Socialistas de Castilla y León (JSCyL), ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que se afirma que la presencia de crucifijos en los colegios constituye «una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y «una violación de la libertad religiosa de los alumnos», y ha pedido al Gobierno que la futura Ley de Libertad Religiosa incluya una regulación específica que evite la presencia de cualquier tipo de símbolo religioso en las aulas de las escuelas públicas.

Para los jóvenes socialistas, se trata simplemente de garantizar el respeto de la libertad religiosa de todos y cada uno de los ciudadanos, manteniendo la religión en el sitio que le corresponde, el ámbito privado de cada ciudadano y, en todo caso, en la clase no obligatoria de la materia.

Según JSCyL, aunque la sentencia se refiere a la presencia de crucifijos en las aulas italianas, ha de constituir una llamada de atención a las Administraciones Públicas, que no puede ni debe esperar a que se produzca una sentencia de similares características como consecuencia de un recurso realizado por un ciudadano.

La Constitución expresa claramente la aconfesionalidad del Estado, y son las Administraciones Públicas las que tienen que tomar la iniciativa de velar por el cumplimiento de este principio constitucional. En este sentido, el Gobierno de Castilla y León tiene la obligación de evitar que se vuelvan a producir casos como el tuvo lugar el año pasado en el colegio Macías Picabea de Valladolid, en el que un padre tuvo que recurrir a los Tribunales de Justicia y esperar más de tres años para que se reconociera que su petición de retirada de símbolos religiosos era legítima.

Se trata de una cuestión de respeto cívico y de fortalecer nuestra convivencia democrática en un país cada vez más multicultural y diverso, como así lo acaba de dictaminar el Tribunal de Estrasburgo en una sentencia que debería ser válida y ejemplarizante para todos los estados de la Unión.