La Plataforma señala que constitucionalmente y en atención a la Declaración Universal de los DD.HH. el Alcalde está obligado a garantizar los derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Nota de prensa
La Plataforma por una Escuela Pública y Laica de Segovia ha presentado, el pasado día 27 de marzo, un escrito a la Fiscalía del Estado (Segovia) donde solicita a la misma “que actúe de oficio e inicie las diligencias oportunas para depurar las responsabilidades en que se pueda haber incurrido en contra del derecho a la libertad de expresión”, en base a unos hechos, a los que adjuntamos documentos de verificación, que entendemos “son constitutivos de un delito contra la libertad de expresión”.
En el escrito a la Fiscalía exponemos la negativa de la empresa concesionaria del servicio del transporte público urbano a poner publicidad de la Plataforma (“Religión fuera de la Escuela. Plataforma por una Escuela Pública y Laica”) en los autobuses urbanos, argumentando que su contenido era “irrespetuoso” (6/03/09). Exponemos la carta que, ante este “atropello de un derecho fundamental”, nuestra Plataforma dirigió al señor Alcalde (9/03/09) explicándole el caso e instándole “como último responsable del referido servicio municipal de transporte” a revocar “la decisión tomada arbitrariamente por la empresa concesionaria”.
A fecha de hoy el señor Pedro Arahuetes no ha dado contestación alguna a nuestra misiva, aunque sí ha realizado declaraciones a los medios de comunicación (19/03/09) en los que toma nítida posición: “son las concesionarias de servicios públicos las que marcan las pautas”. El Alcalde deja, mejor dicho, quiere dejar, en manos de la empresa concesionaria la decisión.
Decimos “quiere dejar” porque el señor Arahuetes al ser presidente de un poder público, el Ayuntamiento de Segovia, no puede inhibirse en materia de derechos fundamentales, como lo es el de la libertad de expresión, puesto que en atención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que España ha firmado, y de la misma Constitución del 78 los poderes públicos están obligados a garantizar dichos derechos y libertades. La citada Declaración dice, textualmente, que “los Estados (los ayuntamientos son instituciones del Estado) miembros se han comprometido a asegurar,…, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”. La Carta Magna, en su artículo 9.2, señala con claridad: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud…”.
El Alcalde, pues, presuntamente ha incurrido en un acto de negligencia administrativa cuando no de prevariación, al resolver injustamente a sabiendas, y supuestamente se hace cómplice del atropello cometido, hecho que en su caso reviste mayor gravedad puesto que precisamente él y el Ayuntamiento que preside deben ser los garantes de dichos derechos democráticos. Además, se conduce cínicamente cuando dice ser “respetuoso con todas las opiniones”.
Cualquier ciudadano, en su sentido más profundo, cualquier organización democrática, tiene no sólo el derecho sino el deber de denunciar y luchar, con los medios a su alcance, contra cualquier vulneración de libertades y derechos democráticos básicos, que tanto esfuerzo y penurias han costado a los pueblos conquistar. Esto es lo que ha movido a la Plataforma por una Escuela Pública y Laica a denunciar esta conculcación de la democracia y a llevarlo hasta la Fiscalía.
