El ministro Bermejo ha dimitido dando muestra de su honestidad y asumiendo sus responsabilidades políticas. ¿Pero que pasa con la Justicia? Durante décadas hemos aplazado su reforma, si bien es cierto que ha sufrido transformaciones, no lo es menos que su estructura sigue anclada aun en el Siglo XIX.

Su relación y su concepción del poder no ha cambiado, sigue siendo unos de los poderes básicos de un Estado de Derecho, el único que no ha abrazado la democracia.

Desaparecieron los Juzgados de Distrito, se crearon los Tribunales Superiores de Justicia, tenemos un Tribunal Constitucional y un Consejo General del Poder Judicial.

La Justicia es un Poder del Estado, básico para los ciudadanos, centenares de miles de expedientes duermen en los juzgados, fruto de la inoperancia del sistema y los ciudadanos demandamos soluciones.

El Poder Judicial lo ejercen Jueces y Magistrados al dictar resoluciones, motivadas y fundadas en derecho, para después ejecutarlas, en sus propios términos; todo lo que excede de ello no es más que un servicio público administrativo.

La Justicia no el acto de dictar resoluciones judiciales y ejecutarlas, adornándose de ritos arcaicos, de un personal de medios, unas oficinas de cartón piedra y un lenguaje, absolutamente inadecuados en un Estado Democrático. Vivimos, queremos vivir en una sociedad de ciudadanos libres y para ello es fundamental que nuestra justicia tenga una organización funcional y moderna.

La situación actual de la Justicia en España exige una mayor responsabilidad de todos los partidos de nuestro Parlamento.

La falta de responsabilidad política de la que el máximo responsable sin lugar a duda ha sido y es el PP ha hecho posible la falta de consenso para la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

La paralización política de la justicia ha logrado que mientras hayamos conseguido una más que aceptable reforma militar, la justicia ha estado huérfana de las reformas necesarias para adecuarla a nuestro tiempo.

No es posible aceptar que mientras un juez dicta libertad por una causa, sobre el mismo sujeto obre decenas de órdenes de captura por parte de otros juzgados.

Se han perdido años, se debía haber implantado una nueva oficina judicial e introducido decididamente los nuevos medios informáticos, la ausencia de papel, la firma electrónica, las bases de datos comunes, etc.

Es preciso una reforma de las profesiones jurídicas: el ingreso en la carrera judicial ha quedado del todo obsoleto; el papel de los secretarios judiciales inexistente; los abogados han visto retrasada la entrada en vigor de la regulación del acceso a su profesión; los procuradores deben redefinir sus cometidos y aportar valor a la administración de justicia y no ser solamente un coste cada vez con menos sentido y ajeno a la competencia.

Desde la clase política se habla de nuevas atribuciones, lucha contra la violencia de género, pero todo ello no será posible hasta que los políticos no asuman su responsabilidad y también nuestros jueces y magistrados, de ahí que condenamos huelgas estériles, máxime cuando muchos ciudadanos se nos mueren en las listas de esperas de la justicia.

El ministro Bermejo ha dimitido ¿Pero asumirá todos los responsables su responsabilidad? Y el otro Mariano tiene mucho que decir, o tal vez callar para que tengamos la justicia que votamos en el año 1978 cuando aprobamos nuestra Carta Magna. Sin ello todo habrá sido una nueva equivocación y la perdida de una nueva oportunidad.