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14 de marzo de 2010 - Núm. 1488
 

Por una televisión sin publicidad… y decente
Alfonso Manjón

3 de enero de 2010

A nivel ciudadano hay ahora quien dice que la nueva televisión pública sin anuncios, más que la satisfacción de poder sentarnos a ver una película sin tener que esperar hasta las doce y media de la noche para irnos a dormir, lo que nos traerá es una subida de impuestos. El pensamiento tiene su lógica: sin financiación publicitaria los costes de la televisión del Estado serán mayores y sólo podrán sufragarse mediante un nuevo aumento impositivo a las familias, que son las que están pagando con coraje esta crisis. Pero, ¿qué ocurría antes y qué ocurre ahora en realidad en este sentido?

Lo que ocurría antes era que RTVE financiaba su programación a través de una partida que procedía del presupuesto público y otra que procedía de la publicidad que emitía. En cambio, lo que ocurre ahora es que Ley de Financiación aprobada establece que aparte de que el Estado financie de manera ortodoxa ese servicio de comunicación público (como antes), TVE vea sustituidos los recursos que obtenía en publicidad revisando (el gobierno) al alza las tasas por la utilización del espacio público radioeléctrico que hasta ahora pagaban las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones.

Dicho esto habrá quien piense que es injusto. Que las privadas no tienen por qué subvencionar a la televisión pública. Pero nada es blanco o negro. En primer lugar, y en términos de negocio, porque las televisiones privadas, lejos de verse perjudicadas pueden salir beneficiadas. Quiero decir, que a buen seguro van a obtener a partir de ahora mayores recursos en cuestión de publicidad. Primero, porque seguramente aumente el número de minutos de publicidad emitidos (con lo que quizá pierdan un tanto por ciento de share). Y segundo, porque hasta la fecha las emisoras privadas se quejaban de que TVE mantenía una competencia desleal en materia publicitaria. Esto se debe a que Televisión Española se permitía el lujo de comprar anuncios un 40% más baratos, de forma que aunque cobrase menos en publicidad que sus competidoras (en 2008 TVE ganó 96 millones de euros en publicidad mientras que Telecinco generó 919) atraía antes al sector anunciante quitándole mercado a las televisiones privadas. Sin embargo, y puesto que ahora los anunciantes encontrarán en la televisión privada el único medio de anunciarse, éstas subirán el precio por publicidad, de manera que a la vez de aumentar beneficios puedan destinar parte de éstos a financiar la televisión pública de los españoles. Todo está por ver.

Por otro lado, y en segundo lugar, nada es blanco o negro porque, en términos culturales, esa cuota con que las televisiones comerciales y privadas han de financiar a la televisión pública debería contribuir a que ésta reoriente su programación y deje, como hacía hasta este año, de competir en audiencia emitiendo la basura que hiciese falta. De esta forma, al igual que ahora el Estado obliga a las televisiones a promover la cultura española (financiando el cine nacional) con el 5% de los beneficios que generan, obliga a éstas a financiar nuestra televisión pública. Una televisión pública que ha de ser de calidad. Una televisión pública que ha de tender a parecerse, pongamos el mejor de los casos, a su homóloga británica, la BBC.

Ese es el objetivo. Un objetivo laudable. TVE necesita mejorar. Necesita estar a la altura en la que debería encontrarse ya. Y los españoles necesitamos una televisión así. No una televisión de turno. No una televisión entendida como negocio. Sino una televisión con altura de miras, apartidista, cultural, seria, decente.

Yo creo, desde el más profundo de los escepticismos, que el propósito que se persigue será difícilmente obtenible. Y ojalá me equivoque, pero me temo que TVE, a pesar de emitir -como ha venido haciendo- ciertos programas de calidad, seguirá emitiendo la misma mierda que emitía antes. Eso sí, publicitándose por no tener publicidad. Y ese no es el objetivo. Por tanto, la tarea no es para tomársela a la ligera. Esperemos que nuestros gobernantes lo entiendan a la primera.

 
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Por Alfonso Manjón

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