Una reciente encuesta del CIS muestra cómo la tercera preocupación de los ciudadanos españoles es nuestra clase política dirigente. Esto se debe a varias razones: su aparente ineptitud, su falta de visión de conjunto, su política partidista y un largo etcétera. Y entre ese largo etcétera su pérdida del sentido de la realidad. Su visión idealista de una realidad totalmente diferente a esa visión imaginativa.

En este sentido, aseguraba el cineasta italiano Federico Fellini, director de la famosa película La Dolce Vita (1960), que a pesar de todo “el único realista de verdad es el visionario”. Y puede que no le falte razón en algunas ocasiones. Pero lo triste, sea cual sea el contexto, es que ese líder con tan alta clarividencia pierda o haya perdido el norte. Porque entonces la epopeya torna en tragedia. Y eso es lo que pasa y puede pasar en buena medida en Cataluña con el asunto dichoso de la Ley de veguerías.

Resulta que a unos meses de las elecciones autonómicas catalanas sale a la palestra este tema tan histórico, tan particular, tan independentista de la reordenación administrativa de Cataluña. Un tema del que ya se hablara a finales del pasado siglo y que quedó plasmado de lleno en la redacción de un Estatut sobre el que aún, después de años, no se ha pronunciado el Constitucional. El caso es que los políticos catalanes, tan duchos en cuestiones de administración pública, de territorialidad, han tenido la genial idea de volver al pasado. A la Cataluña histórica y soberana, dividida en vegueries y sotsvegueries. De volver a ese pasado glorioso aunque sea a costa de ignorar los problemas que conlleva su decisión y me atrevería a decir que a costa de ignorar incluso la misma opinión de la ciudadanía catalana. Pero, eso sí, pareciendo dejar bien claro que los Decretos de Nueva Planta (1716) a la llegada del primer rey Borbón a primeros del siglo XVIII son incluso hoy un agravio insoportable para Cataluña, ya que no reflejan la verdadera personalidad histórica de su región. Y todo a pesar de que desde la primera mitad del siglo XIX (proyectos de división provinciales napoleónicas, de las Cortes de Cádiz, de Bauzá en 1813, de Larramendi en 1821, de las Cortes en 1822; y reforma provincial de Javier de Burgos en 1833 durante el gobierno de Cea Bermúdez), a pesar digo que desde entonces hasta hoy ya no podamos hablar de aquellos inestables corregimientos de nombramiento real, ni de aquellas instituciones de la “Real Junta Superior de Justicia y Gobierno” y de la “Administración de Barcelona”, esto es, instituciones que sustituyeran en el siglo XVIII a la antigua Diputación catalana, al Consejo del Ciento, a las veguerías y demás antiguas instituciones por las que se había gobernado hasta ese siglo Cataluña.

Dicho esto, vista por encima la intencionalidad política (ideológica) que esconde dicha reforma, creo que hoy por hoy nos deberíamos cuidar mucho de las imágenes. Quiero decir, que más allá de que sea bonito o no, o parezca un acto romántico o no, volver a la antigua división territorial bajo la que Cataluña se gobernaba antiguamente (acto político sin duda extemporáneo en el 2010), lo que debemos tener en cuenta son los beneficios y los problemas que de esa decisión se derivan.

Una reforma como la que aquí se plantea sería lícita y beneficiosa en el supuesto caso de que las actuales provincias catalanas actuasen de forma ineficiente dentro de los límites geográficos de cada diputación provincial. Es decir, si las diferentes diputaciones no fueran lo suficientemente corpóreas y capaces de actuar con la eficacia esperable dentro de cada provincia, considerada de esta forma, excesivamente amplia. Sólo en ese caso podría entenderse que una nueva división provincial (no en veguerías) tiene sentido.

Pero como de lo que parece tratarse no es de esto precisamente, sino de una división cantonalista en mini provincias cuyos municipios exigen parcelas de poder que antes no tenían, podemos decir que la reforma lo único que traería consigo son gastos inútiles al provocar un incremento de instituciones y personal público con unos costes ciertamente elevados. Y traería consigo conflictos internos, como los que ya han surgido acerca de cómo llamar a cada una de las veguerías, acerca de qué territorios abarcarían y qué municipios formarían parte de cada una de ellas, y acerca de la capitalidad de las mismas. Y además, para más INRI, traería un cúmulo de imprecisiones y de cuestiones a resolver, ya que la ley es una ley con muchas vaguedades, con muchas inexactitudes, donde no quedan establecidos ni los aspectos anteriormente citados, ni el peso de estas veguerías en las Cortes autonómicas, ni el proceso electoral a seguir en cada una de ellas.

Por eso, a pesar de que esa nueva división sea una reivindicación de algunas partes de la sociedad catalana (no sólo políticas), creo, primero, que por las razones aludidas no muchos catalanes están muy preocupados a estas alturas por remodelar su actual estructura administrativa territorial (seguro que tienen otras preocupaciones más acuciantes). Creo, segundo, que la Ley más que resolver ciertas deficiencias lo que traerá serán más problemas. Y creo, por último, que este debate se trata más de una cuestión de nacionalismo, de ideología, que de eficacia administrativa y pública. Y eso lo debe saber muy bien la población catalana, infinitamente más inteligente y más humilde que su clase política. En este sentido, es una lástima que siempre se tenga una imagen asimilativa de los catalanes respecto de sus políticos. De verdad. Más aún cuando es de sobra conocida la desafección política ciudadana de éstos en elecciones autonómicas, en elecciones independentistas, en referéndums estatutarios, y estoy seguro que ahora en lo que se refiere a esta Ley de veguerías.